Corrupción Sociedad Limitada.

Si cada español se planta delante del espejo y repite siete veces la palabra corrupción, la corrupción desaparece.

Venga, no: es mentira. Pero no dista mucho de las medidas con que nuestros políticos blindan sus partidos contra la corrupción.

Luis, sé fuerte: hacemos lo que podemos contra la corrupción.

Luis, sé fuerte: hacemos lo que podemos contra la corrupción.

Andan el PP y el PSOE enredados con el tema de cuándo hay que dimitir, si cuando uno afronta el duodécimo año de condena, cuando le abren juicio oral o cuando le imputan un delito.

En otros países basta que se destape un escándalo en la esquina de la octava página de un periódico local para que el político afectado presente su renuncia. Esto no equivale a que asuma la culpa. Equivale, sencillamente, a que entienden que un cargo público lo es en base a la confianza que los ciudadanos depositan en él. Cuando su conducta está bajo sospecha, la confianza queda en entredicho. Al menos hasta que la restituyan los tribunales.

Importar tal forma de proceder sería un suicidio. De funcionar así, Pedro J. y Federico Jiménez Losantos, El País, ABC y La Razón llevarían poniendo y quitando ministros a golpe de portada desde que dura este quiero y no puedo de régimen del 78.

Lo que nos lleva a deducir que el proceder no opera en una esfera aislada; requiere de unos medios de información dignos de tal nombre. Unos que, en lugar de inventar patrañas al servicio de las diferentes facciones de los poderes fácticos, se dediquen a informar de las patrañas de dichos poderes.

Claro que, es de suponer, que eso tampoco anda solo; irá acompañado de tribunales o mecanismos de control que acrediten al falsario como lo que es, e impongan sanciones acordes al tamaño de sus trolas y su afán manipulador.

Escucho al ultraliberal políticamente incorrecto, firme defensor de la teoría de la conspiración del 11M, tronar que el estado debe mantener sus sucias manos alejadas de los medios de información, y que es responsabilidad de una sociedad madura distinguir entre el verdadero periodista y el farsante, recompensar al primero y enviar al ostracismo y la ruina al segundo.

Ser buen periodista depende fundamentalmente de la posición...

Fotografía de portada del libro PERIODISMO EN MAYÚSCULAS, manual de referencia en las universidades del mundo entero.

Argumento irrebatible siempre que uno habite en un lugar donde los medios de información son libres y no dependen de los avales, los chanchullos de la publicidad institucional o las exclusivas bajo cuerda y los préstamos a fondo perdido del político o el oligarca de turno. Donde los falsarios reconocidos y redomados quedan fuera de la vida pública en función de su mal proceder, en lugar de continuar sentando cátedra en diarios, radios y televisiones como profesionales de inmenso prestigio. Donde la presencia, los ingresos y los privilegios de los medios y de los profesionales los decide el ciudadano y no los poderes establecidos. Un lugar, en definitiva, donde no todo depende de un reducido número de individuos que se entrecruzan en lo personal, lo político, lo empresarial, lo informativo y lo indecible.

Claro que, con este panorama, tener tribunales y mecanismos de control sería peor; se convertirían en órganos del mismo poder y cercenarían la libertad de expresión a su antojo.

Volvemos a encontrarnos con el régimen del 78 que se muerde la cola; un entramado político, judicial, empresarial y mediático donde los poderes no se vigilan entre sí sino que viven amancebados en la ganancia y la pérdida, la mención honorífica y el delito, el parto y el reparto. Los mismos poderes, para que los identifiquéis, que ya hasta se atreven a pedir en público la unión de PSOE y PP, no vaya a ser que la ciudadanía vote suicidio y coloque en el gobierno a Podemos. Los mismos que, dentro de esos partidos, ronronean como gatos de cuenta corriente abultada ante la oportunidad de retener un poder que se esfuma.

De ahí que, tras mucho cavilar y fingir, las medidas anticorrupción internas del PP y el PSOE consistan en solicitar la dimisión del cargo público y expulsar al militante tras la apertura de juicio oral como norma concreta y, ya en abstracto, actuar como buenamente se pueda en función de la alarma social. Es decir: medidas tan meramente cosméticas que consisten en quedarse igual que estaban, y tan efectivas como repetir siete veces frente al espejo la palabra corrupción.

También es verdad que no pueden hacer otra cosa. No les vas a pedir a estas alturas que abandonen sus cargos cuando la confianza a la que se deben se vea puesta en entredicho. Nuestro sistema no funciona así. En nuestro sistema, el poder de la confianza del votante no sobrevive más allá de la noche electoral. A las doce en punto, ese príncipe soberano que decide el destino del país retorna a su condición de calabaza inerme, y la confianza se debe ya a otros señores. Menos numerosos que los votantes pero infinitamente más poderosos.

Que, ojo: tampoco equivale a que nuestro sistema resulte peor que el de esos países donde no esperan a que les den el uniforme de presidiario para presentar la dimisión; quizá armoniza más con nuestra tradición, nuestra idiosincrasia y nuestra capacidad intelectual como pueblo. Lo que sí es cierto es que se parece a una democracia tanto como la Duquesa de Alba a alguien digno de admirar.

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