Una sentencia criminal.

La verdad es que en este país cada vez resulta más difícil distinguir cuál es el estamento más nocivo para la sociedad, si los políticos, los periodistas, o los jueces.

Hace una semana conocimos la sentencia sobre el llamado Asedio al Parlamento Catalán, con premio absolutorio para la totalidad de los acusados. Los medios de la derecha —es decir todos, de El País a 13tv—, se apresuraron a calificarla como un engendro parido por jueces castrochavistas que autoriza, de facto, al empleo de la violencia contra los representantes electos.

El magistrado de la Audiencia Nacional, Ramón Sáez Valcárcel

El magistrado de la Audiencia Nacional, Ramón Sáez Valcárcel

Pero si uno acude a la sentencia —que pueden leer aquí— encuentra detalles más escandalizadores. Como por ejemplo que la absolución se basa en la inexistencia de pruebas incriminatorias.

De hecho, durante la lectura hay que hacer grandes esfuerzos para distinguir a quién se está juzgando, si a los radicales antisistema o al propio funcionamiento del estado de derecho. Empezando por las detenciones que no se amparan en ninguna orden judicial. Siguiendo por obligar a los detenidos a dejarse fotografíar en posturas amenazadoras, sin asistencia de sus letrados, y vestidos de perroflauta. Continuando con que la identificación entre autores de los delitos y detenidos se realiza mediante la modernísima técnica del a ojo de buen cubero policial. Sumando que las pruebas incriminatorias se resumen en las imágenes de un dvd de grandes momentos seleccionados por la policía. Y que esas imágenes, además de no demostrar la participación en los hechos de la mayoría de los acusados, se revelan dudosas en contraste con otras aportadas por la defensa; así, la señora que vista desde atrás levanta la mano para agredir a un diputado, vista de frente resulta estar a tantos metros de distancia que, a menos que tenga superpoderes elásticos, jamás podría alcanzarlo.

Si atendemos a los hechos demostrados, no debería causar el menor revuelo que los magistrados de la Audiencia Nacional dicten sentencia atendiendo a uno de los principios fundamentales del derecho: la imposibilidad de condenar sin pruebas. Pero a nuestros políticos y nuestros medios de comunicación —incluyendo a los juristas de reconocido prestigio que colaboran en ellos— no les entra en la mollera. Tal vez porque parten de la base de lo que se dirimía en el proceso era la responsabilidad colectiva y no la individual. Lo que vienen a manifestar en sus declaraciones y sus análisis es que no hay que pararse a distinguir quién hizo cada qué cuando lo que está en juego es el castigo a la turba culpable en sí, representada por aquellos individuos tan tontos como para ser escogidos a dedo por la policía. No se habla, para qué, de justicia sino de castigo ejemplarizante.

Porque si habláramos de justicia tendríamos que concluir que la manifestación alrededor del Parlament de Catalunya, previamente comunicada y difundida en prensa, era total y absolutamente legal. No trataba de impedir el desempeño de las labores de los parlamentarios sino de mostrar su desacuerdo con las medidas que se disponían a votar, cosa tan legítima como necesaria en un sistema donde a los representantes políticos les está prohibido el mandato imperativo. Máxime teniendo en cuenta que los manifestantes reclamaban derechos recogidos en la Constitución mientras los parlamentarios se aproximaban a aprobar su merma.

Así las cosas, ante la posibilidad de que el ejercicio del derecho de unos coartara el de otros, correspondía a las autoridades policiales y políticas garantizar que ambos pudieran ejercerse; por ejemplo, estableciendo un perímetro de seguridad que posibilitara el paso de los parlamentarios. Lejos de ello, la policía se limitó a cargar a bulto y a dejar a los diputados a merced de la turba; turba, que según el testimonio del profesor Delgado, terminó protegiéndolos de las acciones de los más enardecidos por los porrazos.

Jueces como este son lo que hace falta.

Jueces como este son lo que hace falta.

Es decir, lo que demuestra la sentencia es una actuación política y policial demente que ya cada uno puede juzgar si cae más del lado de la estupidez o de la manipulación de un escenario con la intención de criminalizarlo. Lo que demuestra es la realidad de unas instituciones políticas y policiales que carecen de la menor noción de en qué consisten las formas y las garantías democráticas y las retuercen a su antojo. Lo que demuestra es que los cuerpos policiales tienen por costumbre acusar en base a pruebas obtenidas de forma alegal, cortadas y reordenadas según el ángulo que más favorece a la acusación, y que, aún así, ni siquiera sirven para acreditar los delitos que endilgan alegremente.

En cualquier país vagamente democrático, la lectura de esa sentencia llamaría a una profunda reflexión sobre el funcionamiento de las instituciones y sobre la necesidad de revisar los procedimientos policiales. Aquí ha llevado a la Generalitat a tener el cuajo de recurrir —intentar que se condene a sus representados, sin pruebas, en segunda vuelta—, al tiempo que los medios de comunicación, en su doble labor de servicio público y control de las instituciones políticas, llaman a conculcar derechos fundamentales y a castigar de forma ejemplarizante a quienes los ejercen.

Visto así, puede que la tan cacareada regeneración democrática consista en hacernos entender de una vez que los parlamentos son una cosa seria, donde acuden señores serios para tratar asuntos serios que cotizan en las bolsas de Tokio y Nueva York; no tienen por qué rebajarse a soportar la presencia y la molestia de la turba vociferante. Y si para alcanzar ese bien superior hay que escarmentar a inocentes como si fueran culpables, se hace y punto. Así hasta que la ciudadanía se regenere y entienda que la legitimidad emana de las bolsas de Nueva York y Tokio y que la grandeza de la democracia reside en plegarse sin molestar a sus designios.

De otra manera, será imposible la convivencia.

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