La anormalidad normal.

Un juez tiene que currarse 227 folios para justificar una imputación que, de afectar a otra persona, hubiera despachado con un Que venga, y la prensa sigue mareando con si la justicia es igual para todos o no.

reymatas

Gerardo Díaz Ferrán, Jaume Matas, el Rey Juan Carlos y Arturo Fernández: la familia que  mata perdices unida, permanece unida.

Aún hay quien se remite, ignoramos si por ingenuidad o por cinismo, a la frase que el padre de la imputada coló en su mensaje de navidad de hace un par de años, aquella de que la justicia debía ser igual para todos. Frase que, puesta en boca de alguien que no está sujeto a la justicia, debería servir de prueba contra la infanta, como muestra del cinismo, la impunidad y el descaro con que acostumbra a actuar la tribu borbónica.

Y es que, si la cosa de que un individuo herede la jefatura de un estado por vía vaginal repugna a la estética y a la razón, en el caso concreto de la monarquía española atenta también contra el sentido del ridículo.

El rey no tiene más mérito que haber sido puesto a dedo por Franco, en una decisión que acumula en sí todos los rasgos de ilegitimidad posibles. Primero porque los generales no designan reyes sino al revés. Segundo porque el mecanismo interno de la monarquía se basa en la transmisión dinástica y Franco —y el rey con él— se saltaron al padre, que seguía siendo heredero al trono aunque no tuviera dónde colocarlo. Tercero porque la última forma de estado legítimamente constituida en España fue una república, legitimidad de origen que Franco aplastó y que, por eso mismo, no podía esgrimir.

La cosa chirrió desde el principio. Don Juan, que se enteró de que su hijo había sido designado heredero por Franco sólo después de consumada la designación, trató de forzarle para que al menos no jurara los Principios Fundamentales del Movimiento. Entendía el hombre que adherirse a la defensa de sistemas dictatoriales, totalitarios e ilegítimos suele incapacitar a uno para exhibir después solidas convicciones democráticas.

Don Juan tenía razón, pero la razón jamás pintó gran cosa en el devenir de España y, de haberle hecho caso, su hijo se hubiera encontrado en una situación irresoluble: ser nombrado sucesor de Franco exigía fidelidad a los Principios de su régimen; una cosa no podía darse sin la otra. Aunque hubiera querido —cosa que dudamos— el heredero a título de rey no podía permitirse un desplante como ese. Máxime cuando alrededor del hecho sucesorio, sobrevolaba la sombra de aguilucho de su primo Alfonso, candidato promovido por Falange, que además casaría con la hijísima de Franco. Había que obedecer a quien uno había jurado obedecer y después ya se vería.

Por entonces la oposición antifranquista se dividía entre reinstaurar la monarquía de Don Juan o continuar bajo una república. Unos y otros propugnaban la celebración de un referéndum para decidir la forma de estado. Consideraban inconcebible la construcción de un sistema democrático sobre la base de una jefatura de estado impuesta por un dictador. Tan inconcebible como sería, trasladado a un ámbito más doméstico, como que alguien te arrebate tu casa por la fuerza y además nombre heredero a quién le salga de los cojones.

De hombre a hombre.

De hombre a hombre.

Lo inconcebible, sin embargo, no deja de ser un rasgo predominante en la historia de nuestro país y aquello fue lo que terminó por ocurrir. Juan Carlos inventó o se dejó inventar un sistema del ni para ti ni para mí: cedió parte de los poderes transmitidos por el Caudillo a cambio de asegurarse de que no le moviera del trono ni Dios. Se lo podía permitir, claro, porque su ilegitimidad estaba respaldada por el ejército mientras que las intenciones de la oposición no se sustanciaban más que en la legalidad y el sentido común, armas dignísimas pero inútiles frente a los cañones de los tanques.

Por si acaso, no se privó de situarse constitucionalmente por encima de cualquier ley, y de que el cumplimiento de la Constitución dependa del ejército del que es comandante en jefe.

Lo ilegítimo, lo irracional y lo inconcebible se elevaron a la categoría de ley suprema, dando origen a un curioso Régimen familiar, engendro de monarquía parlamentaria y dictadura hereditaria tipo Corea del Norte. Desde la Transición, se ha intentado soslayar esa realidad a base de censura férrea y publirreportaje laudatorio en sesión continua, pero la imputación de esta moderna hijísima lo pone todo en solfa. Menos por la posible condena que por la narración en público del funcionamiento habitual de una familia que opera en la impunidad total.

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